Por esa vía se mantuvo en Chile la preponderancia de una ideología que sospechaba del Estado y promovía su reducción, limitándolo a un rol asistencialista. Se consolidaron con ello algunas de las medidas más conflictivas heredadas desde la dictadura, como la privatización de las pensiones o la precarización de los servicios públicos. A la creciente privatización en áreas como la educación y la salud, habría que agregar que el agua también dejó de ser un bien público.