debate sobre las políticas culturales tuvo un origen distinto: la discusión sobre la ampliación de las obligaciones del Estado para la construcción del Estado de bienestar y las demandas de diversos actores sociales –conservadores, restauradores, educadores, artistas, periodistas, intelectuales y varios más–, quienes señalaron la obligación de los Estados modernos tanto de promover la extensión de la producción y el consumo de los bienes culturales como de hacer acompañar el desarrollo económico por la cultura.