En 1782, en una ciudad de los Andes del Virreinato del Perú, un español pobre inicia un juicio contra un comerciante del lugar para obligarlo a venderle su esclava mulata. El argumento en el que funda su petición es notable: «Se da el caso, Su Señoría -dice al juez— que ésta su esclava es mi mujer». Queda así planteada la contienda judicial que enfrentará irremisiblemente dos instituciones fundamentales de la sociedad colonial: familia y propiedad.
