En México, niños, ancianos y personas con discapacidad que quedan bajo el cuidado del Estado pueden terminar encerrados en centros de rehabilitación privados, aunque no tengan problemas de adicción. Y quienes los mandan ahí son las autoridades que deberían velar por sus derechos. Una investigación de Quinto Elemento Lab reveló que, en al menos nueve estados mexicanos, el Sistema Nacional para el desarrollo Integral de la Familia (DIF) paga a estos centros, conocidos como anexos, por albergar a personas en situaciones vulnerables. En los anexos quedan aisladas del mundo exterior, y existen casos documentados de abusos, maltratos e incluso tortura. En este episodio, la periodista Elva Mendoza y un adolescente que pudo escapar de un anexo, nos cuentan la dimensión del problema que salió a la luz luego de un año de investigación.
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